La jueza Martha Magaña, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, otorgó ayer una suspensión definitiva para detener la discusión del dictamen de la reforma judicial, impidiendo que avance en el Senado.
La decisión implica dejar sin efecto el dictamen que fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 4 de septiembre, lo que significa que no podrá ser discutido en el Senado ni enviado a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su aprobación, hasta que se resuelva de manera definitiva el juicio de amparo presentado en su contra.
La resolución de la jueza Magaña llega después de que las autoridades involucradas, como la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ignoraran la notificación previa de suspensión provisional y no rindieran el informe requerido.
Ante los argumentos de Morena y sus aliados, quienes sostienen que la suspensión no aplica para reformas constitucionales, la jueza Magaña aclaró que los precedentes de la Suprema Corte se refieren a cambios que ya han sido promulgados. En este caso, se trata de un análisis del Reglamento de la Cámara de Diputados, cuyo artículo 186 establece que un dictamen aprobado en comisiones puede pasar al Pleno para su discusión, incluso en una Legislatura diferente.
La jueza fue señalada en la conferencia matutina del lunes pasado, donde se le exhibió por emitir la suspensión provisional, pero con esta resolución definitiva, la reforma judicial queda paralizada de manera indefinida hasta que se resuelva el juicio.
