Mujeres víctimas de violencia vicaria demandaron la reapertura inmediata de los Juzgados Familiares en la Ciudad de México, ubicados en Avenida Juárez, después de que estos se sumaran al paro laboral debido a la reforma del Poder Judicial (PJ). Las madres, que buscan protección para sus hijos menores, expresaron su apoyo a la reforma, pero señalaron que la pausa en las actividades judiciales afecta gravemente sus casos, que muchas veces no son resueltos con perspectiva de género.
El abogado Raúl Castro, aunque en solidaridad con los trabajadores del PJ, reconoció problemas en los juzgados, como la falta de claridad en la información, las largas filas y la demora en las resoluciones. Comentó que en una ocasión, tuvo que devolver los honorarios a su clienta debido a que no pudo avanzar en su caso a causa del paro.
Recordó que la situación en la capital ya era crítica desde antes del paro, con la propuesta de cerrar 35 juzgados, 24 civiles y 11 familiares, encabezada por Rafael Guerra Álvarez. Según Castro, esto solo agravaría la falta de acceso a la justicia, y de no retomar las actividades, el sistema judicial podría colapsar en los próximos meses.
Una madre, víctima de violencia vicaria, que prefirió mantenerse en el anonimato, compartió su experiencia. Ella y muchas otras se ven obligadas a esperar sin poder avanzar en sus trámites legales, lo cual impacta directamente los derechos de más de 48 mil menores en todo el país. La situación es similar en estados como Estado de México, Chihuahua, Morelos, Jalisco y Michoacán.
Otra madre, integrante de la asociación Unión de Madres Protectoras, subrayó que muchas mujeres no cuentan con los recursos para continuar luchando. Además, criticó a varios jueces que han fallado en su contra sin tomar en cuenta la perspectiva de género. Indicó que la falta de acción en los juzgados perpetúa la injusticia, mientras que los empleados siguen recibiendo su sueldo.
La ONG denunció casos de corrupción en el sistema judicial, citando como ejemplo a la jueza Ericka Correa, quien supuestamente favorece a los deudores alimentarios por encima de los derechos de los menores. Señalaron que Correa ha sido acusada de obstruir la justicia y de maltratar a los empleados de su juzgado.
