Consideran que las multas son ilegales y desproporcionadas; aseguran que varios candidatos desconocían la existencia de los materiales hasta después de la elección.
Ciudad de México. – La polémica por los llamados “acordeones” en la elección judicial del 1 de junio volvió a encenderse, ahora desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Diversos magistrados calificaron como incongruente, ilegal y desproporcionada la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de sancionar a jueces y magistrados que resultaron electos y que aparecieron en esas listas de votación.
El argumento central es que las resoluciones del INE carecen de sustento sólido, pues en la mayoría de los casos los candidatos sancionados ni siquiera tuvieron conocimiento de los materiales hasta que la propia autoridad electoral les pidió una explicación. “Muchos se enteraron de la existencia de los acordeones ya después de la jornada, cuando el tema fue convertido en un expediente administrativo”, señalaron integrantes de la Sala Superior.
El escándalo de los acordeones estalló días antes de la elección, cuando comenzaron a circular listas con nombres de aspirantes a ocupar magistraturas y ministerios. Dichos documentos, difundidos en redes sociales, WhatsApp y páginas web, fueron interpretados como intentos de orientar el voto ciudadano en un proceso que, en principio, debía ser equitativo.
Ante las denuncias, el INE abrió investigaciones y determinó imponer multas millonarias a cerca de 200 candidatos ganadores, bajo el argumento de que se beneficiaron de manera indebida de esa propaganda. Las sanciones, sin embargo, fueron cuestionadas tanto por los propios implicados como por analistas jurídicos, al considerar que no se acreditó la autoría ni el financiamiento de las guías.
En la discusión dentro del TEPJF, magistrados expusieron que no se puede responsabilizar automáticamente a los candidatos por aparecer en los listados, sin que exista evidencia de que ellos los promovieron o consintieron. Además, calificaron de desproporcionado sancionar a quienes recibieron apoyo espontáneo de terceros sin tener control sobre la distribución de ese material.
La magistrada Janine Otálora presentó un proyecto que plantea revocar las multas y devolver los expedientes al INE para que profundice en la investigación y fundamente mejor sus resoluciones. Aunque la discusión fue pospuesta, se espera que el tema regrese pronto a la agenda del pleno del Tribunal Electoral, ya que se han acumulado decenas de impugnaciones.
Mientras tanto, el debate se traslada al terreno político. Actores de distintos partidos han criticado la actuación del INE, acusándolo de inconsistencias: primero minimizó el impacto de los acordeones y luego impuso sanciones que, aunque económicas, han generado un golpe de legitimidad a la elección judicial.
El desenlace dependerá de la decisión final del TEPJF, que deberá resolver si las multas se mantienen o si se invalida la determinación del órgano electoral. En cualquier caso, el episodio ha abierto un nuevo frente de discusión sobre los límites de la propaganda en procesos inéditos como la elección de jueces y magistrados, y sobre la capacidad del INE para regular fenómenos que escapan de su control directo.
