La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Eruviel Ávila Villegas, aprobó este martes una serie de dictámenes que buscan reformar la Ley General en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (LGHCTI), con énfasis en la regulación del desarrollo de inteligencia artificial (IA) y el fortalecimiento presupuestal del sector.
Entre los puntos más relevantes de la iniciativa se encuentra la incorporación de principios éticos y de supervisión para el uso responsable de algoritmos en dependencias públicas y universidades, así como el diseño de lineamientos para prevenir sesgos y proteger datos personales. “México no puede quedarse atrás en la revolución tecnológica que está reconfigurando al mundo”, dijo Ávila al presentar el paquete de reformas.
Otro apartado contempla incentivos fiscales para empresas que inviertan en I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación), además de reforzar el papel de los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología como enlaces clave entre academia, sector privado y gobiernos locales.
No obstante, a pesar del entusiasmo legislativo y las intenciones expresadas en el dictamen, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 contempla apenas un 0.16 % del Producto Interno Bruto (PIB) para este rubro, lo que representa su punto más bajo desde 2008. La cifra contrasta con el 1.0 % recomendado por la UNESCO y con países como Brasil (1.17 %) o Corea del Sur (4.81 %).
Organismos como la Red ProCienciaMx y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico han señalado que “no basta con reformar leyes si no se garantiza un financiamiento sostenido”. Asimismo, advirtieron que esta reducción presupuestal podría afectar gravemente los programas del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), incluyendo becas de posgrado, proyectos de frontera, y la operación de centros públicos de investigación.
Desde la comunidad científica también han surgido críticas al proceso legislativo. Académicos de instituciones como el CINVESTAV, la UNAM y el IPN han exigido que cualquier política de IA incluya mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana. “Es un avance tener una regulación, pero no puede ser un esfuerzo superficial ni unilateral”, señaló la doctora Guadalupe Romero, especialista en ética de datos.
Finalmente, el paquete de dictámenes será turnado al Pleno de la Cámara de Diputados durante el próximo periodo ordinario, previsto para agosto, y se anticipa un debate tenso entre bancadas que defienden la austeridad fiscal y aquellas que exigen una visión de Estado para la ciencia y la tecnología en México.
