México rechaza informe de la ONU sobre desapariciones forzadas
El Gobierno de México cuestionó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada y afirmó que omite avances institucionales en la materia desde 2018.
Ciudad de México, 2 de abril de 2026. El Gobierno de México rechazó las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada, al considerar que su informe sobre desapariciones forzadas es “tendencioso y falto de rigor jurídico”.
La postura oficial se emitió tras la solicitud del Comité al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, para que remita la situación de México a la Asamblea General.
En un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores señalaron que el informe no incorpora la información presentada por el Estado mexicano, ni los avances institucionales logrados en los últimos años.
Las dependencias indicaron que el análisis del Comité se centra en hechos ocurridos entre 2007 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y en casos registrados en entidades como Coahuila, Nayarit, Jalisco y Veracruz.
Asimismo, afirmaron que el propio documento del Comité reconoce que no existen indicios de una política federal para cometer desapariciones forzadas de manera sistemática.
El Gobierno de México también cuestionó la metodología del informe y señaló posibles conflictos de interés entre algunos integrantes del Comité, al tiempo que reiteró que no tolera ni ordena este tipo de delitos.
En respuesta, destacó diversas medidas implementadas en la actual administración, entre ellas la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la consolidación de la Comisión Nacional de Búsqueda.
También subrayó la coordinación entre fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República y comisiones de búsqueda, así como la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte.
El Gobierno federal reiteró que mantiene disposición a la cooperación internacional, pero señaló que esta debe basarse en diagnósticos que reflejen la situación actual del país.
Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada indicó que, aunque no encontró evidencia de una política estatal generalizada, sí existen casos en los que se ha señalado la posible participación de funcionarios públicos o su aquiescencia.
