México reconoce responsabilidad internacional por el caso Ernestina Ascencio
El Estado mexicano aceptó su responsabilidad por violaciones a derechos humanos en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, tras la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ciudad de México, 16 de diciembre de 2025. El gobierno de México aceptó la responsabilidad del Estado mexicano en la violación de los derechos humanos de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años, originaria de la Sierra de Zongolica, Veracruz, quien en febrero de 2007 fue víctima de violación sexual y tortura por parte de integrantes del Ejército mexicano, hechos que derivaron en su fallecimiento.
Este martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó oficialmente al Estado mexicano la sentencia del caso, en la que determinó que las autoridades incumplieron su obligación de garantizar el acceso a servicios médicos oportunos y adecuados, así como de realizar una investigación con la debida diligencia. El tribunal concluyó que dichas omisiones vulneraron los derechos a la vida, integridad personal, salud, igualdad y no discriminación, garantías judiciales, acceso a la justicia, verdad y protección judicial.
Tras la notificación del fallo, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob) informaron, mediante un comunicado conjunto, que analizarán de manera detallada el contenido de la sentencia con el objetivo de dar cumplimiento a las medidas ordenadas por el tribunal interamericano, conforme a una perspectiva de género y un enfoque interseccional.
Durante la audiencia de notificación realizada en San José, Costa Rica, sede de la Corte IDH, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad por la vulneración de los derechos a la vida y a la salud de Ernestina Ascencio, derivada de la falta de atención médica adecuada tras las agresiones sufridas.
Las dependencias federales también reconocieron que se vulneraron los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial tanto de la víctima como de sus familiares, así como el derecho a la integridad personal de estos últimos.
Los hechos ocurrieron el 25 de febrero de 2007, en el contexto de la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno federal de ese periodo. En su momento, autoridades federales atribuyeron la causa de muerte a padecimientos médicos, lo que derivó en el cierre de las investigaciones en el ámbito interno. Ante la falta de acceso a la justicia en el país, el caso fue presentado ante el sistema interamericano de derechos humanos.
En el comunicado, la SRE y la Segob reiteraron que el Estado mexicano mantiene una postura de acompañamiento a las víctimas, con el objetivo de garantizar verdad, justicia, reparación integral del daño y medidas de no repetición, así como su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.
