La FGR documenta cómo empresas fachada y mandos navales facilitaron el contrabando de combustibles en Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz, Cancún y Mazatlán.
El huachicol fiscal en México dejó de ser un delito menor de extracción en ductos para consolidarse como un sistema paralelo de importación, distribución y lavado de dinero. Un documento de la Fiscalía General de la República, fechado el 11 de junio, revela cómo ocho puertos del país se convirtieron en corredores del contrabando de combustibles.
Los puertos de Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz, Cancún y Mazatlán fueron empleados para introducir gasolina y diésel provenientes de Estados Unidos. El mecanismo era preciso: pedimentos clonados, facturas falsas y documentos arancelarios que describían cargas de aditivos o aceites. Una vez en muelle, los buques descargaban parcialmente, regresaban a altamar y volvían con papeles nuevos hasta agotar el producto.
La FGR identificó al menos 555 empresas que participaron en esta red: importadoras, transportistas, comercializadoras y estaciones de servicio que recibieron combustible sin permisos de la Comisión Reguladora de Energía. El expediente también señala que, cuando las maniobras fallaban, algunos buques eran redirigidos a otros puertos como Lázaro Cárdenas, aunque careciera de infraestructura especializada.
El caso alcanza a la Secretaría de Marina, institución que desde 2021 asumió el control de aduanas. Dos sobrinos políticos del exsecretario Rafael Ojeda Durán están en el centro del escándalo: el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido y procesado en el Altiplano, y el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien enfrenta acusaciones con el amparo como escudo. Ambos son señalados como líderes de un grupo conocido como Los Primos, que utilizaba su rango para garantizar el paso de embarcaciones.
Los testimonios recogidos por la Fiscalía establecen que cada buque debía pagar 1.7 millones de pesos a mandos y equipos operativos para descargar sin obstáculos. El exdirector de la Aduana de Tampico, Alejandro Torres Joaquín, declaró que repartió sobornos de al menos 14 arribos. La cifra es consistente con los montos que la investigación judicial perfila como el costo de la complicidad.
La red no se sostenía solo con complicidad militar. También tenía un brazo financiero. Cinco empresas aparecen como el núcleo del esquema: Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos, Grupo Potesta, Era Tech Combustibles y Transportadora del Pacífico y del Golfo de México. Todas reportaron utilidades multimillonarias con estructuras mínimas, algunas con uno o pocos empleados. El expediente muestra que compartían apoderados legales y que triangulaban recursos mediante facturación digital, transferencias electrónicas y operaciones bursátiles. Grupo Potesta incluso realizó movimientos a través de Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo.
En paralelo, destaca la figura de Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “El Capitán Sol”. Marino retirado con una pensión modesta, se convirtió en intermediario financiero de la red. Entre 2021 y 2023 gastó más de 60 millones de pesos en apuestas en el Hipódromo de las Américas y en casinos. Otros reportes lo cifran en 52 millones, pero el patrón es claro: un flujo de dinero imposible de justificar. Hoy está prófugo con orden de captura.
El combustible ingresado irregularmente era distribuido por el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo. Los dueños de gasolineras eran obligados a recibirlo y venderlo a precios por debajo del mercado, lo que debilitaba la competencia legal y garantizaba ingresos constantes. El documento ministerial añade un punto crítico: los mismos buques que traían combustible fueron utilizados para introducir armas de grueso calibre desde Estados Unidos, reforzando la capacidad de fuego de estas organizaciones.
El caso arrastra también un saldo de violencia. Cinco muertes han sido documentadas alrededor de esta investigación: el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo tras denunciar la red; Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar de la FGR en Colima, ejecutada en octubre de ese mismo año; Abraham Jeremías Pérez Ramírez, capitán de navío hallado muerto el 8 de septiembre de 2025 en Altamira; Adrián Omar del Ángel Zúñiga, capitán fallecido un día después durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco; y Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, exfuncionario de aduanas en Manzanillo, secuestrado y asesinado en 2023.
La investigación de la FGR concluye que el huachicol fiscal funcionó como un sistema paralelo al mercado legal de combustibles, sostenido en tres pilares: corrupción institucional en puertos y aduanas bajo control de la Marina, empresas fachada que simulaban operaciones legales y organizaciones criminales que aseguraban la venta del producto e introducían armas por las mismas rutas.
El expediente exhibe la fragilidad de los controles militares en aduanas y la profundidad de la colusión entre Estado y crimen organizado. La detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el perfil del prófugo “Capitán Sol” son apenas la superficie de una red que mezcla combustible, dinero y violencia, y que podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción portuaria en la historia reciente de México.
