ONU-DH reconoce que se mantenga firme sentencia contra militares por ejecución de estudiantes del Tec
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció la ratificación de la sentencia condenatoria contra cinco militares por la ejecución extrajudicial de dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
La sentencia, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal el 13 de octubre de 2023, fue ratificada por un tribunal colegiado de Nuevo León el 5 de diciembre de 2024.
El 19 de marzo de 2010, los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo fueron asesinados arbitrariamente dentro del campus de la universidad por elementos del Ejército. Los soldados alteraron la escena del crimen para simular una agresión en su contra y evadir su responsabilidad.
Durante más de 14 años, las familias de Jorge y Javier, junto con personas y colectivos que las han acompañado, han exigido justicia de forma incansable, según el comunicado de la ONU-DH.
Tras analizar las pruebas y los argumentos de las partes, el Tribunal concluyó que existían elementos suficientes para confirmar la responsabilidad de los militares, incluyendo la alteración de la escena del crimen. Un juez dictó una sentencia de 90 años de cárcel contra cinco de los seis soldados involucrados en los hechos ocurridos en Nuevo León.
Reconocimiento
La ONU-DH acoge positivamente esta decisión que reivindica a las víctimas y a sus familiares, reconoce explícitamente que Jorge y Javier fueron víctimas de ejecución extrajudicial y subraya la importancia del Protocolo de Minnesota para la investigación de este tipo de casos.
La resolución del Tribunal Colegiado de Apelación también evidencia la importancia de contar con autoridades judiciales independientes y profesionalizadas, así como de establecer mecanismos eficaces de control y rendición de cuentas de naturaleza civil sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
En el contexto de esta trascendental decisión judicial, resulta imprescindible recordar que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser temporal, en tanto se adopta un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de estas tareas, al tiempo que se fortalecen las capacidades de los cuerpos de policía civiles. Múltiples organismos internacionales de derechos humanos han reiterado este llamado.
Finalmente, la ONU-DH reconoce principalmente a las familias de Jorge y Javier, cuyo digno caminar contra la impunidad es fuente de esperanza para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en México, especialmente para aquellas que han sufrido la pérdida de un ser querido en circunstancias similares.
