ONU solicita medidas para apoyar a México ante desapariciones forzadas
El Comité contra la Desaparición Forzada pidió a Naciones Unidas considerar acciones de apoyo para México, ante la magnitud de los casos registrados y los desafíos en su atención.
Ciudad de México, 2 de abril de 2026. El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas solicitó este jueves que se evalúen medidas destinadas a apoyar al gobierno mexicano en la prevención, investigación y erradicación de este delito.
El presidente del comité, Juan Albán-Alencastro, señaló que el derecho internacional no requiere que los crímenes de lesa humanidad ocurran a escala nacional o sean organizados desde las más altas esferas, sino que se valoran por su magnitud, patrón y afectación a la población civil.
En un comunicado, el organismo indicó que la gravedad de la situación se refleja en el hallazgo continuo de fosas clandestinas en el país, con más de 6 mil 200 cadáveres y 76 mil restos humanos, la mayoría sin identificar.
El comité señaló que, pese a las medidas implementadas desde su visita a México en 2021, no se ha observado una mejora sustancial en la situación. También indicó que las autoridades enfrentan limitaciones ante la magnitud de la problemática y que son necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones.
De acuerdo con el informe, muchas desapariciones ocurren en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas”, sin que existan indicios de una política federal dirigida a cometer este delito. Sin embargo, se han documentado casos en los que las investigaciones apuntan a la posible participación de funcionarios públicos o a su colaboración.
El comité informó que su solicitud fue enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, para que sea remitida a la Asamblea General.
Entre las posibles medidas que podrían considerarse se encuentran la cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para labores de búsqueda, análisis forense e investigación de desapariciones, así como de posibles vínculos entre autoridades y grupos delictivos.
