La oposición ha identificado al menos cuatro fallas significativas en el procedimiento que condujo a la reciente reforma al Poder Judicial, y ha anunciado que tomará acciones legales para revertirla. Entre las irregularidades detectadas se encuentran votaciones dudosas, incumplimiento de plazos en los congresos locales, falta de tiempo para que los legisladores estudiaran la iniciativa y la exclusión de grupos minoritarios en el debate.
En una entrevista con La Razón, Noemí Luna Ayala, secretaria general del PAN, señaló que en la votación celebrada en la sede alterna de la Magdalena Mixhuca no se pudo verificar el quorum legal. Además, expresó que no hubo control para asegurar que las 700 reservas fueran votadas correctamente, ya que el proceso se realizó mediante voto a mano alzada.
“El dictamen fue aprobado con demasiada celeridad en el Senado, pero la situación fue aún más crítica en los congresos locales, donde no se otorgó tiempo suficiente para su análisis. Aún no había concluido la sesión del Senado cuando Oaxaca ya había convocado a una votación, sin haberlo pasado a comisiones. Esta reforma, de tal magnitud, requiere la participación de municipios con población indígena, lo cual no se cumplió”, agregó Luna.
Asimismo, señaló que el proceso se llevó a cabo a pesar de una orden de suspensión emitida por una jueza federal, y también subrayó que existía otra orden para evitar la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo cual fue ignorado, incidiendo en un “desacato reiterado” a los fallos judiciales.
La coordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados explicó que los principales mecanismos para revertir la reforma serán juicios de amparo contra el proceso legislativo y controversias constitucionales impulsadas por diversos municipios.
Finalmente, mencionó que, en una última instancia, podrían acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que la reforma vulnera tratados internacionales a los que México está adherido, y añadió que se están evaluando las acciones de inconstitucionalidad correspondientes.
