Productores piden frenar la Ley de Aguas y advierten nuevas protestas
Agricultores y ganaderos señalan que la reforma no resuelve afectaciones históricas a sus pozos y alertan que podría abrirse la puerta a la privatización. Diputados mantienen la sesión programada pese a la presión del campo.
Ciudad de México .- La discusión de la nueva Ley de Aguas entró en tensión después de que organizaciones agrícolas y ganaderas exigieran aplazar la votación prevista para este miércoles en la Cámara de Diputados. Aunque el proyecto ha sido modificado más de cincuenta veces durante el último mes, los productores consideran que los ajustes no atienden los puntos que consideran esenciales para su actividad.
Los reclamos provienen de integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y de diversas agrupaciones rurales, quienes insistieron en que la iniciativa no reconoce plenamente los derechos que amparan a los pozos afectados por el decreto presidencial de 2013, que estableció vedas y reservas en distintos acuíferos. Para los líderes agrícolas, ese punto sigue sin resolverse con claridad en el texto final.
Desde la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal afirmó que las modificaciones realizadas derivan de las observaciones de los propios productores y aseguró que el diálogo continúa abierto. También indicó que la Cámara mantendrá los tiempos previstos, salvo que surja un motivo de fondo para replantearlos.
Mientras tanto, productores de Puebla, Veracruz y Tlaxcala llegaron en una caravana de tractores a la Ciudad de México. En Chihuahua se han anunciado posibles bloqueos en cruces fronterizos y en estados como Guanajuato y Zacatecas se preparan cierres carreteros. El movimiento sostiene que, si la iniciativa avanza sin atender sus demandas, las protestas se intensificarán.
Una parte importante del descontento está relacionada con la percepción de que la reforma podría facilitar procesos de privatización o limitar la capacidad de los productores para conservar sus concesiones. Voces como la de Santiago Pelayo, agricultor de Baja California Sur, cuestionan la urgencia por aprobar el dictamen y afirman que persisten “ambigüedades” sobre el manejo del recurso.
El proyecto de ley establece que las concesiones conservarán su volumen y que, en caso de fallecimiento del titular, la autorización se extinguirá, pero podrá renovarse de forma expedita si se acredita un derecho sucesorio sobre el predio donde se localiza el pozo. También se contempla que, cuando exista una transmisión de propiedad, la Conagua deberá emitir un nuevo título en un plazo máximo de veinte días hábiles. Además, la iniciativa prioriza el uso doméstico por encima del agrícola e industrial y permite cancelar o reasignar las concesiones que permanezcan sin uso o se apliquen a fines distintos a los autorizados.
A pesar de estas disposiciones, las organizaciones del campo sostienen que la redacción no garantiza con suficiencia la continuidad de su actividad productiva ni corrige las afectaciones arrastradas por resoluciones anteriores. En reuniones recientes con legisladores —documentadas en el material original— insistieron en que cualquier decisión legislativa que altere el equilibrio entre tierra y agua pone en riesgo la estabilidad de sus regiones.
Con la sesión programada para este miércoles, la Cámara enfrenta la presión de un movimiento nacional que avanza desde distintas entidades. El desenlace dependerá de si los legisladores mantienen el calendario previsto o si las movilizaciones logran retrasar temporalmente el proceso.
