La iniciativa de la presidenta plantea crear una nueva Agencia con poderes de bloqueo sobre medios, redes sociales y plataformas digitales. Críticas desde la oposición, organismos internacionales y expertos apuntan a riesgos para la libertad de expresión, la competencia económica y la relación con socios comerciales como Estados Unidos.
Ciudad de México.— La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión, ha provocado una ola de críticas desde múltiples sectores. El eje de la preocupación: la concentración de atribuciones en una nueva entidad —la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)— que, de acuerdo con senadores y especialistas, tendría facultades para censurar contenidos en internet y medios tradicionales sin supervisión judicial.
La propuesta, que será discutida en comisiones del Senado esta misma semana con miras a ser votada el próximo lunes, plantea una reorganización completa del aparato regulador en telecomunicaciones, desplazando al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y transfiriendo sus funciones a una nueva Agencia con rango de secretaría de Estado, encabezada por José Antonio Peña Merino.
Entre sus puntos más controvertidos, el artículo 109 permitiría que la ATDT ordene el bloqueo de redes sociales, plataformas digitales, aplicaciones móviles y sitios web sin requerir una orden judicial, sin mecanismos de control independientes y sin limitaciones temporales claras.
“Es un asalto a la libertad de expresión en redes sociales. Esta Agencia será juez y parte: creará los lineamientos de bloqueo y decidirá a quién aplica. Es censura, punto”, acusó la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano.
Su compañero legislador, Manuel Añorve, del PRI, advirtió que la reforma permitiría al Gobierno “silenciar críticas” al otorgar a la ATDT la facultad de suspender contenidos considerados incómodos para el régimen, con una redacción legal ambigua que da pie a interpretaciones expansivas.
🚨 Senador del PRI afirma que la iniciativa de Sheinbaum a la ley de telecomunicaciones es la "censura del bienestar"
— Político MX (@politicomx) April 24, 2025
"Van por todos los medios de comunicación y todas las plataformas", el senador priista @manuelanorve aseguró que con la nueva ley que plantea la presidenta… pic.twitter.com/HkHSW6O8Pd
Críticas nacionales e internacionales
La International Chamber of Commerce México (ICC México) solicitó que se establezca un proceso de Parlamento Abierto para analizar la reforma, ante los posibles impactos en la libertad de expresión, la inversión extranjera y el cumplimiento del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
“Se debe garantizar la autonomía técnica y presupuestaria de los reguladores. Concentrar todas las funciones en una sola agencia debilita el equilibrio institucional y compromete la competitividad del sector”, señaló la organización empresarial.
Por su parte, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) advirtió que la propuesta guarda paralelismos preocupantes con modelos autoritarios como los de Venezuela y Nicaragua, al otorgar al Ejecutivo control casi absoluto sobre el ecosistema digital y mediático. Además, alerta sobre el efecto inhibidor de las multas económicas planteadas para las plataformas digitales, que podrían incluso derivar en su salida del país.
“Esta iniciativa no solo afecta la libertad de expresión, sino también el entorno competitivo y tecnológico del país. Se pasa por alto el marco legal que ha costado años construir”, sostuvo el organismo.
¿Qué dice el Gobierno?
En su conferencia matutina del 22 de abril, la presidenta Sheinbaum defendió la reforma y negó que implique censura. Aclaró que la ATDT solo podrá actuar contra plataformas en casos relacionados con seguridad, evasión fiscal u otras violaciones legales, pero no por el contenido mismo de las publicaciones.
“En ningún momento planteamos censurar. La redacción puede ser confusa, pero no es la intención. Es una reasignación de atribuciones, no una regresión democrática”, afirmó.
Sin embargo, el contexto político levanta suspicacias: la desaparición del IFT y la transferencia de funciones a una dependencia subordinada directamente al Ejecutivo genera dudas sobre la independencia regulatoria, pilar exigido por el T-MEC y otros tratados internacionales.
¿Qué más contiene la reforma?
Además del control sobre contenidos digitales, la iniciativa busca restablecer la prohibición de transmitir propaganda extranjera en medios mexicanos, eliminada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esto incluiría restricciones para radiodifusoras, canales de televisión y plataformas con disponibilidad nacional.
Asimismo, plantea un nuevo esquema de concesiones —que pueden otorgarse por 30 años—, así como la posibilidad de asignaciones directas al Ejecutivo federal para proveer servicios de radiodifusión e internet en zonas marginadas. También se contempla el uso de requisa de vías de comunicación por razones de seguridad nacional y la revocación de concesiones por causas no especificadas.
Riesgos al modelo democrático
Analistas alertan que, si bien la reforma responde a una necesidad real de actualizar el marco normativo en telecomunicaciones, lo hace con un enfoque centralista y autoritario.
“México está perdiendo una oportunidad para avanzar hacia un futuro digital justo e incluyente. La propuesta debería construirse con visión de Estado, no con urgencias de control político”, sentenció el IDET.
A menos que se frene el proceso legislativo y se abra el debate público, el país podría dar un paso atrás en materia de libertades digitales, con implicaciones que rebasan el sexenio actual y afectan derechos fundamentales de la ciudadanía.
Preocupa al IDET la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión porque introduce facultades para imponer censura y viola el TMEC. pic.twitter.com/AS20l4q05W
— IDET (@IDET_MX) April 24, 2025
