Secretaría Anticorrupción investiga descarrilamiento del Tren Interoceánico
Raquel Buenrostro confirmó que se indagan posibles omisiones de servidores públicos, empresas o proveedores tras el accidente del Tren Interoceánico. La FGR y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario también participan en las investigaciones.
Ciudad de México, 14 de enero de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió diversas investigaciones relacionadas con el descarrilamiento del Tren Interoceánico, accidente que dejó un saldo de 14 personas fallecidas, confirmó su titular, Raquel Buenrostro.
En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria señaló que el objetivo es determinar si existió alguna omisión o responsabilidad por parte de servidores públicos, empresas o proveedores vinculados con la operación y mantenimiento del tren.
“Estamos viendo que no haya habido ninguna omisión en algún proceso por parte de un servidor público, empresa o proveedor, que haya provocado o haya sido omiso”, afirmó.
Buenrostro indicó que la dependencia pondrá especial énfasis en el análisis de las posibles causas del descarrilamiento, como parte de una revisión integral de los procesos administrativos y técnicos relacionados con el proyecto ferroviario.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las vías del Tren Interoceánico, operado por la Secretaría de Marina, contaban con los certificados de seguridad correspondientes al momento del accidente.
Además de la Secretaría Anticorrupción, la Fiscalía General de la República (FGR) —que ya actualizó información sobre el caso— y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario serán las instancias encargadas de realizar un análisis riguroso para esclarecer las causas del siniestro.
En ese contexto, Sheinbaum explicó que las personas afectadas no necesitan presentar denuncias individuales, ya que existe una carpeta de investigación abierta. Recomendó a las víctimas acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para recibir acompañamiento y apoyo institucional.
Lo anterior ocurre luego de que algunos afectados presentaron denuncias contra el gobierno federal por lesiones y presunto abuso de autoridad. Durante su conferencia matutina, la mandataria también advirtió sobre despachos de abogados que, dijo, prometen mayores compensaciones económicas a las víctimas, pero cobran comisiones elevadas.
