Senado avala ley antiextorsión
Con votación unánime, el Senado aprobó un nuevo marco legal que incrementa las penas hasta 42 años y establece castigos específicos según el tipo de víctima.
Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó por unanimidad, con 110 votos, la ley antiextorsión, una reforma que endurece las sanciones y homologa la respuesta penal frente a uno de los delitos que más han crecido en los últimos años. En la votación en lo particular, el dictamen obtuvo 95 votos a favor de Morena, PAN, MC, PVEM y PT, y 12 votos en contra del PRI. Debido a las modificaciones incorporadas por las y los senadores, el proyecto será devuelto a la Cámara de Diputados para que valide los cambios realizados.
La nueva normativa incrementa de manera sustancial las penas por extorsión, al considerar la afectación que este delito genera en sectores productivos, grupos vulnerables y en la dinámica delictiva en distintas regiones del país. El texto aprobado contempla castigos que pueden llegar hasta los 25 años de prisión en casos generales, mientras que las sanciones aumentan cuando la conducta recae sobre productores agrícolas o se comete en perjuicio de migrantes, menores de edad, mujeres embarazadas o personas adultas mayores. En situaciones relacionadas con esquemas conocidos como montachoques, la penalidad puede alcanzar los 42 años de cárcel. Asimismo, se establecen sanciones que van de 10 a 20 años de prisión para las y los servidores públicos que omitan denunciar hechos de extorsión o participen en ellos, con el propósito de frenar la complicidad institucional que en muchos casos ha permitido la expansión de este fenómeno.
Durante la discusión, la senadora panista Mayuli Martínez advirtió que entre 2019 y 2025 la extorsión se disparó en México hasta convertirse en uno de los delitos de mayor impacto, especialmente para pequeños negocios y comercios que sufren cobros ilegales, amenazas y agresiones. Reconoció que el dictamen recupera propuestas impulsadas por su bancada, entre ellas la homologación del tipo penal en las 32 entidades, la persecución de oficio y el bloqueo de los flujos financieros y tecnológicos que facilitan la comisión del delito. Sin embargo, subrayó que el endurecimiento de penas por sí solo no garantiza resultados y que una ley sin recursos suficientes para operar “no va a detener la extorsión”.
