Senado avanza dictamen de nueva Ley General contra la Extorsión
Comisiones del Senado aprobaron la minuta para crear la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece un tipo penal base, penas más altas y persecución de oficio en todo el país. El pleno la discutirá este martes.
Ciudad de México | 18 de noviembre de 2025
El Senado de la República avanzó esta noche en el análisis de la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, al aprobarse por unanimidad el dictamen modificado en las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos. El documento, con ajustes en 25 artículos, fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno durante la sesión vespertina de este martes.
La propuesta establece un tipo penal base aplicable en todo el país para que la extorsión sea perseguida de oficio. Además, contempla mecanismos de protección para las víctimas, quienes podrán presentar denuncias anónimas.
Uno de los cambios centrales aprobados por las comisiones es el aumento de la pena base, que pasaría de 15 a 25 años de prisión, con incrementos adicionales según 34 agravantes. La penalidad más alta sería de hasta 42 años para casos en los que la extorsión se realice desde centros penitenciarios, cuando se simule pertenencia a un grupo criminal, sea cometida por un servidor público, exfuncionario o guardia de seguridad privada, o cuando exista violencia física o moral. También se incluye la modalidad vinculada a exigencias derivadas de accidentes vehiculares provocados, conocidos como “monta choques”.
El dictamen contempla penas de hasta 37 años en casos de extorsión a grupos de migrantes y cuando se utilice información privada para coaccionar a las víctimas. Asimismo, prevé sanciones de hasta 33 años por el cobro de piso a actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, ganaderas o pesqueras, así como a candidatos o funcionarios electos.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, señaló que se incorporó una pena de 10 a 20 años para servidores públicos con funciones de investigación, procuración o impartición de justicia, o de custodia penitenciaria, que omitan denunciar hechos de extorsión. En la Cámara de Diputados, esta sanción había sido fijada inicialmente entre 6 y 12 años.
En la nueva ley también se sanciona con entre 6 y 12 años de prisión a personas privadas de la libertad que posean dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares, en los centros penitenciarios. La misma penalidad aplicará a funcionarios que permitan su ingreso.
Durante la discusión, legisladores de todas las fuerzas políticas coincidieron en la relevancia de que la extorsión sea perseguida de oficio, ya que —de acuerdo con la exposición de motivos— alrededor del 97% de los casos no se denuncian por temor de las víctimas. El documento de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum subraya que la denuncia puede colocar a las víctimas en riesgo, por lo que el Estado deberá asumir de manera plena la persecución penal.
Senadoras de distintos grupos parlamentarios señalaron la necesidad de garantizar financiamiento para la implementación de la nueva ley y fortalecer los mecanismos de apoyo a víctimas. Javier Corral afirmó que el proyecto de Presupuesto 2026 contempla recursos para este fin.
Durante el debate, también hubo intercambios entre legisladores del PVEM y Morena sobre posiciones previas en materia de seguridad y alianzas políticas.
