En la conferencia matutina del 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum reavivó una de las controversias más significativas de la política mexicana: el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Este mecanismo, implementado durante el sexenio de Ernesto Zedillo en 1995, transformó deudas privadas en deuda pública, afectando a millones de mexicanos y generando una carga financiera que persiste hasta hoy.
Sheinbaum calificó al Fobaproa como un «desfalco a la nación» y acusó a Zedillo de beneficiar a empresarios y políticos a costa del erario público. Acompañada por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, la presidenta presentó documentos que, según afirmó, evidencian la falta de transparencia en la implementación del Fobaproa. Gómez señaló que las decisiones de rescate fueron «discrecionales» y que nunca se entregó una auditoría real al Congreso sobre el rescate financiero a los bancos.
La mandataria también recordó las condiciones laborales precarias de las «Costureras del 85», mujeres que perdieron la vida en el terremoto de 1985, y destacó su lucha como un símbolo de resistencia y organización laboral.
En respuesta, Zedillo defendió su gestión, argumentando que el Fobaproa fue una medida necesaria para evitar el colapso del sistema bancario mexicano. En una carta pública, pidió que se realicen auditorías independientes a proyectos actuales como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, cuestionando su viabilidad y transparencia.
Este enfrentamiento entre Sheinbaum y Zedillo resucita viejas heridas políticas y económicas, y plantea preguntas sobre la gestión de la deuda pública y la transparencia gubernamental. Además, se da en el contexto de una reforma judicial impulsada por el gobierno actual, que propone la elección popular de jueces y magistrados, una medida que Zedillo ha criticado fuertemente, calificándola como una amenaza al Estado de derecho.
La confrontación también ha derivado en acusaciones mutuas sobre pensiones vitalicias y uso de recursos públicos. Sheinbaum ha cuestionado la legitimidad moral de Zedillo, recordando acciones controversiales de su gestión, como la privatización de los ferrocarriles y las masacres perpetradas durante su sexenio.
Este debate no solo revive polémicas del pasado, sino que también refleja las tensiones actuales en la política mexicana, donde las decisiones económicas y políticas de ayer siguen teniendo repercusiones en el presente.
