Vicealmirante y nueve marinos procesados; sobornos millonarios, muertes bajo investigación y un exmarino con apuestas multimillonarias exhiben la magnitud de la red.
Ciudad de México.- Un juez federal vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y a nueve elementos de la Marina por su presunta participación en una organización criminal dedicada al contrabando de combustible. La audiencia, que se prolongó durante 18 horas, concluyó con la orden de prisión preventiva justificada en el penal del Altiplano y un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
De acuerdo con Milenio, este proceso marca un punto de quiebre para la imagen de la Secretaría de Marina, pues involucra a mandos de alto rango con puestos clave en puertos estratégicos como Altamira, Manzanillo y Tampico. El expediente de la FGR describe la operación de una red que funcionaba con precisión logística: buques de gran calado arribaban con diésel desde Texas, disfrazados como cargamentos legales, para luego ser distribuidos en territorio mexicano.
Sobornos millonarios por buques de huachicol
Las indagatorias muestran que la corrupción no se limitaba al interior de la Marina. Funcionarios de aduanas, exportadores, importadores y empresarios gasolineros también participaron. Según lo publicado por Reforma, cada buque con huachicol fiscal implicaba pagos de hasta 1.7 millones de pesos en sobornos a mandos de la Marina.
El exdirector de la Aduana de Tampico, Alejandro Torres, habría recibido más de 24 millones de pesos por permitir el desembarco de 14 embarcaciones cargadas de combustible ilegal. Estos pagos muestran el alcance de una red que se extendía desde los muelles hasta los más altos despachos de supervisión.
Milenio agregó que la operación se sostuvo por al menos dos años, con más de 30 buques que entraron al país bajo esta modalidad. Además, las mismas rutas habrían servido para introducir armas de grueso calibre destinadas a distintos grupos criminales, lo que eleva el nivel de riesgo y complejidad del caso.
Dos muertes que sacudieron la investigación
La investigación se vio enmarcada por muertes que incrementaron la tensión interna. El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, ex jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, fue hallado sin vida en instalaciones navales. Autoridades reportaron suicidio, aunque su nombre aparecía en declaraciones de testigos como presunto receptor de sobornos.
Al día siguiente, en Puerto Peñasco, Sonora, el capitán de fragata Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien había fungido como subadministrador de Operación Aduanera en Manzanillo hasta 2023, murió durante un ejercicio de tiro real. Ambos casos, documentados por Milenio, ocurrieron en un lapso de 24 horas y generaron sospechas sobre el grado de presión que enfrentaban los oficiales implicados en la red.
El marino retirado y los 69 millones en apuestas
Un capítulo aparte del expediente lo protagoniza el capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz. Según lo documentado por Reforma, este oficial recibía una pensión mensual de apenas 18 mil 785 pesos, pero en un periodo de cinco años gastó más de 69 millones de pesos en apuestas en casinos y en el Hipódromo de las Américas.
Los registros bancarios y de casinos señalan más de 400 operaciones sospechosas, reportadas como inusuales por autoridades financieras. La disparidad entre sus ingresos y sus gastos alimenta la hipótesis de que sus apuestas podrían haber servido para blanquear dinero procedente del contrabando de combustibles.
Impacto institucional
La magnitud del caso golpea la reputación de la Marina, históricamente percibida como incorruptible frente al narcotráfico y el crimen organizado. El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, declaró que habrá “cero tolerancia” a la corrupción y que la institución seguirá al frente de las investigaciones, según recogió Milenio.
El “tsunami” de revelaciones conecta a oficiales de alto rango, empresarios, operadores logísticos y redes criminales como el CJNG. El expediente Farías Laguna combina colusión institucional, infiltración criminal y flujos financieros oscuros, en un golpe que pone a prueba la capacidad del gobierno federal para limpiar una de sus instituciones más estratégicas.
