
Ya circula el plan B en comisiones de San Lázaro
Comisiones de la Cámara de Diputados avalan dictamen de reforma constitucional que reduce salarios de funcionarios electorales, limita presupuesto de congresos locales y redefine integración de ayuntamientos.
Ciudad de México, 1 de abril de 2026. Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados concluyeron que la reforma constitucional conocida como “plan B” no debilita a las instituciones democráticas y establece medidas para ajustar salarios y gasto público en órganos electorales y legislativos.
El proyecto de dictamen, que será votado en comisiones y posteriormente en el pleno, propone que consejeros y magistrados electorales no perciban salarios superiores al del titular del Ejecutivo federal. También contempla la reducción del número de regidurías en ayuntamientos y fija un límite presupuestal para los congresos locales equivalente a 0.7 por ciento del gasto anual de los estados.
De acuerdo con el documento, la disminución de cargos en los cabildos establece que cada ayuntamiento contará con una sindicatura y hasta 15 regidurías, con el objetivo de generar una distribución más uniforme en la representación municipal.
En relación con el artículo 116 constitucional, la reforma plantea que los congresos estatales ajusten su presupuesto al límite establecido, al señalar que actualmente existen diferencias en el gasto legislativo entre entidades. Se menciona que algunos congresos, como los de Baja California, Michoacán y Morelos, registran altos niveles de gasto por legislador.
Asimismo, el proyecto incluye modificaciones al artículo 134 para regular las percepciones de consejeros y magistrados electorales tanto a nivel federal como estatal, alineándolas con los criterios de austeridad establecidos para el servicio público.
El dictamen indica que estas medidas forman parte de las facultades del Congreso para definir lineamientos generales en la organización de los poderes locales, sin invadir la soberanía de las entidades federativas.
La reforma retoma la minuta aprobada previamente por el Senado sin modificaciones y establece que los ajustes presupuestales se aplicarán de manera gradual para evitar afectaciones en el funcionamiento de las instituciones.



