✍️ Página Nueve
Cuando la corrupción tiene tarifa fija
En México, el contrabando nunca ha sido un accidente: es un acuerdo. El caso de Tampico lo confirma con una claridad brutal. Cada buque que atracaba con combustible ilegal pagaba 1.7 millones de pesos en sobornos. No era improvisación, era tarifa. Un precio fijo para abrir la puerta de un país que debería cerrarla con rigor.
La mecánica es reveladora: marinos en activo, exfuncionarios aduanales y empresarios recibían su parte como en una nómina informal. En poco más de un año, ese sistema movió 24 millones de pesos en sobornos. Lo escandaloso no es la cantidad, sino la naturalidad con que se ejecutaba. Como si la corrupción hubiera dejado de ser un delito para convertirse en rutina.
Los catorce detenidos son apenas una fotografía de un problema más amplio. La red desmantelada muestra que el huachicol fiscal es mucho más que combustible de contrabando: es la demostración de un engranaje institucional donde se intercambian favores, se compran firmas y se venden silencios. No hablamos de un negocio improvisado, sino de un sistema sostenido por la corrupción que opera con la misma eficacia que una empresa formal.
La acción de la Fiscalía es un paso firme, pero insuficiente si se quiere erradicar el fenómeno. En un solo puerto se cobraba una tarifa fija por cada barco, ¿qué ocurre en los demás? Las pérdidas no solo se contabilizan en millones de pesos, también en la erosión de la confianza ciudadana y en la normalización de que, en México, la corrupción sigue siendo el camino más corto para enriquecerse.
El desafío va más allá de encarcelar a catorce nombres. Lo que está en juego es desmontar una estructura que convirtió la ilegalidad en rutina y el contrabando en negocio estable. Mientras las tarifas sigan marcando el precio de la complicidad, el huachicol continuará entrando como mercancía legítima, con recibo en mano y la garantía de la impunidad.
