Poder Judicial, el capricho de la 4T
El Plan B del Mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, nació muerto pero lo mantuvieron con vida artificial, luego de que el Plan A fuera sepultado. De este enredo derivó la obsesión por reformar al Poder Judicial.
Dicha fijación amlista data de abril de 2022, cuando presentó una iniciativa de reforma electoral con la cual prometió que su gobierno constituiría una democracia limpia para evitar más fraudes en el país.
Para conseguirlo propuso convertir al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, disminuir de 11 a 7 consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias y desaparecer a los legisladores plurinominales.
Con ello, dijo, abarataría el costo de la democracia, sin embargo, su iniciativa no avanzó en el Congreso de la Unión y dio paso a su Plan B.
Su astucia le permitió prever que esa reforma constitucional (en materia electoral) podría ser rechazada, por lo que en su lugar anunció un paquete de reformas a leyes secundarias evitando así modificar la Constitución.
El 7 de diciembre de 2022, la Cámara de Diputados -de madrugada y en fast track- aprobó dicho Plan aunque con modificaciones, procediendo a su envió a los Senadores para su ratificación.
Con ires y venires entre ambas Cámaras, a causa de los disensos entre legisladores afines a la 4T y los de oposición, el 22 de febrero de 2023 el Senado aprobó el dichoso Plan B con 72 votos a favor, 50 en contra y sin abstenciones.
El 2 de marzo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, sin embargo, las acciones y controversias constitucionales a la primera parte de dicho Plan no tardaron en llegar.
El 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió y declaró anticonstitucional esa primera parte del Plan B, por considerar que existieron “claras violaciones” durante el proceso legislativo en que se aprobaron las modificaciones.
De esa resolución de la Corte resultó el odio del Mandatario a ese Poder y en evidente revancha, anunció el Plan C.
Fuera de la legalidad, en una de sus conferencias diarias instó a la ciudadanía a no darle “ni un sólo voto al conservadurismo” en las elecciones celebradas el 02 de junio.
Por su puesto, con esto aseguraba que su partido lograra una mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para así aprobar reformas a gusto y conveniencia.
Ahora, lo que Morena y sus aliados buscan es prácticamente nulificar al Poder Judicial tal cual existe, por lo cual de manera insistente buscan, entre otras cosas, es que ministros, jueces y magistrados sean elegidos por voto popular.
Sin soslayar que el Poder Judicial sí requiere cambios, la realidad es que este capricho presidencial pone en riesgo a la institución, a su autonomía e independencia, derivando en resoluciones sujetas al único Poder que entonces quedaría: el Ejecutivo.
Este escenario configura la muerte de la democracia, pues cada decisión quedaría supeditada al mandatario en turno. En el futuro próximo, a la recién electa titular del Ejecutivo federal.
Por supuesto esto no garantiza el fin de la corrupción sino más bien lo contrario. Y como López Obrador lo ha venido cantando a lo largo de su Administración, nadie podrá salir «con el cuento de que la ley es la ley».
El rechazo al Plan C, desde el exterior
El dichoso Plan C es tan negativo que incluso instituciones y gobiernos internacionales han empezado a advertir sobre las posibles consecuencias negativas que tendrían las reformas al Poder Judicial.
La Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió que la iniciativa de AMLO lejos de evitar los riesgos de corrupción en el sistema judicial los amplifica.
Analistas de Bank of America (BofA) afirmaron que es una preocupación de los gremios empresariales en México.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York llamó a López Obrador y a su sucesora Claudia Sheinbaum a respetar la independencia judicial y a considerar a expertos y organismos nacionales e internacionales en el debate de una reforma en la materia.
En tanto, el Consejo de Empresas Globales sugirió ajustar dichas reformas de manera que ofrezcan certeza jurídica y no desincentiven las potenciales inversiones previstas por el nearshoring.
Incluso, se advirtió, afectarían la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026, porque vulneran el Estado de Derecho y la administración de justicia en México.
Graeme Clark, Embajador de Canadá en México, aseguró que la reforma apoyada por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, genera incertidumbre a los inversionistas de ese país.
Y contrario a los dichos de Sheinbaum, los nueve Ministros de la Suprema Corte de Justicia y los 890 jueces federales en Estados Unidos, no son elegidos por voto popular.
Son nombrados por el Presidente en turno y ratificados por el Senado. Engañar a la ignorancia es tarea sencilla.
Ojalá que los mexicanos no tengamos que despedirnos de lo que nos queda de democracia. Contrario a las promesas de López Obrador.
