La reforma al Poder Judicial es una bandera que Andrés Manuel López Obrador izó desde que llegó a la presidencia en 2018, cuando prácticamente garantizó que en su gobierno ninguna autoridad responsable de impartir justicia resolvería bajo presiones, ni peticiones fuera de la ley.
Desde entonces transformar a ese Poder como ahora lo conocemos se convirtió en una obsesión, acusando que en el máximo tribunal de justicia prevalece la corrupción.
Los últimos años ha sido insistente en que la Corte trabaja secuestrada por la delincuencia, tanto la organizada como la de cuello blanco y, por ende, fuera del servicio ciudadano o como le gusta llamarlo «del pueblo».
Durante un reciente discurso de sus acostumbradas conferencias mañaneras incluso dijo que jueces, magistrados y ministros no imparten justicia. Sobra decir que quiere fuera de las instituciones públicas todo lo que lleve el sello de “los conservadores”.
En esta materia, a unos meses de su salida del Poder Ejecutivo busca no irse con las manos vacías, por lo que en un acto controversial, luego de que la candidata presidencial electa, Claudia Sheinbaum, el jueves 6 de junio dijo que no estaba definida la aprobación de las iniciativas que propuso, parece que le enmendó la plana.
«Todavía no está definido; mi posición es que tiene que abrirse un diálogo, tiene que evaluarse la propuesta y, en su momento, pues ya aprobarse», expresó entonces.
Ufano, al día siguiente López Obrador presumió que la reforma se aprobará en su sexenio gracias a que para la próxima Legislatura Morena contará con mayoría calificada y pasará con sus votos.
Hasta aquí, la polémica reforma parece tener más tintes de capricho que de buenas intenciones para acabar con las ineficiencias y problemas que arrastra el Poder Judicial, y promover una justicia pronta, expedita, completa e imparcial.
Preocupa que sacarla avante y tomar el control de otro Poder le ocupe más que las consecuencias que incluso podrían traerle a su sucesora, como ya se ve con la volatilidad del peso y la Bolsa.
Elección popular ¿si o no?
En el caso de someter a elección popular la designación de jueces, magistrados y ministros, ¿quién los postulará?
Actualmente no existe estructura alguna que a los ciudadanos les permita hacer campañas para someterse a elección, entonces ¿deben ser postulados por los partidos políticos? Todo apunta a que sí, pero esta situación provocaría una politización del Poder Judicial.
Se anticipa que una mayoría sea candidateada por el partido que ocupa el Gobierno: Morena. Si así sucede, con la sobre representatividad de la que gozarán, está por demás decir quién será el patrón de quienes obtengan los cargos.
Esto no quiere decir que actualmente no ocurra, ciego sería quien asegure que hoy los partidos políticos no están inmiscuidos, sin embargo, de suceder como se anticipa es posible que esa mala praxis ahora se convierta en una situación aprobada oficialmente.
Se podría estar en la antesala del fin de la imparcialidad con la que debe de funcionar el Poder Judicial, del término de la división de poderes que caracteriza a un país democrático.
Muy desafortunado sería que México terminara con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en manos de una sola persona, o de un solo partido político. Estaríamos frente al término de la forma de gobierno como la conocemos hasta ahora, para transformarse en un estado unitario en donde sólo existe un centro de poder político.
Cómo es… o ¿cambiamos?
En México, los magistrados y jueces federales no son elegidos popularmente entre otras razones porque de esta manera se logra la independencia judicial, indispensable para garantizar que los jueces sean imparciales y fundamenten sus decisiones sólo conforme a la Constitución, lejos de toda influencia política y presiones de la opinión pública.
Elegirlos por voto no garantizará que quien llegue al cargo sea una persona con la formación jurídica, experiencia y habilidades necesarias para interpretar y aplicar la ley adecuadamente. Sí asegura que pese a no tener las capacidades tenga los mejores “padrinos”.
Una de las responsabilidades de los jueces es la protección de derechos de ciudadanos y sus minorías, sin importar si sus decisiones son o no populares, este detalle es primordial, pues si se someten al voto para no perder popularidad ¿seguirán siendo justos, imparciales, apegados a la Constitución?
En esa línea, la politización es otro riesgo. Jueces, ministros y magistrados estarían necesariamente alineados a quien los llevó al cargo; los procesos judiciales se verían comprometidos al igual que la imparcialidad para imponer la ley.
Apenas este miércoles 12 de junio, Sheinbaum retomó el tema para exponer que será el partido que la postuló a la presidencia el responsable de la encuesta que realizará a nivel nacional para conocer la opinión ciudadanía sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial.
