Soy objeto de una infamia”: Hilda Araceli Brown tras sanción de EU

La OFAC congeló bienes y prohibió operaciones a la legisladora, señalada por favorecer a la facción del Cártel de Sinaloa.
Ciudad de México, 19 de septiembre de 2025.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra la diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo, como parte de una acción dirigida contra la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Al ser consultada, Brown rechazó los señalamientos. “Soy objeto de una infamia. Todo lo que he hecho como servidora pública está apegado a la ley y es verificable”, declaró, al tiempo que aseguró no haber recibido notificación oficial de la medida.
Según el informe oficial, la legisladora habría facilitado influencia política a ese grupo durante su gestión como alcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California. La medida incluye el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con ciudadanos o empresas de ese país.

En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el bloqueo de cuentas vinculadas a personas y entidades incluidas en la lista de la OFAC.

Al conocerse la designación, Brown Figueredo rechazó las acusaciones. Señaló que no ha recibido notificación oficial y calificó los señalamientos como “infundados”, defendiendo que su labor pública ha sido apegada a la legalidad.

El gobierno estadounidense sostuvo que, durante su administración como alcaldesa de Playas de Rosarito (2021-2024), Brown permitió que integrantes del grupo criminal consolidaran presencia en la zona. De acuerdo con la OFAC, se habrían autorizado nombramientos de funcionarios municipales vinculados a la organización, además de facilitar esquemas de protección para actividades ilícitas y la recaudación de pagos de extorsión en favor de operadores ligados a Alfonso y René Arzate García, identificados como líderes regionales de “Los Mayos”.

La sanción incluye el bloqueo inmediato de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de cualquier transacción con ciudadanos o empresas de ese país. Asimismo, en México la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el bloqueo de cuentas relacionadas con la diputada y con otras 22 personas y empresas también incluidas en el listado, la mayoría con base en Baja California.

En el comunicado se precisa que los negocios vinculados a Brown y a los otros sancionados fueron utilizados presuntamente para el lavado de dinero y como soporte financiero de la organización criminal.

Tras difundirse la medida, Brown Figueredo rechazó los señalamientos. Aseguró que no ha recibido notificación formal y calificó el anuncio como una acusación “infundada”. Defendió su trayectoria pública y sostuvo que se trata de una campaña para desacreditarla.

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