Asesinato de activista ambiental en Oaxaca condenado por la ONU
El activista ambiental Cristino Castro Perea, de 63 años, fue asesinado a balazos el pasado viernes en la comunidad de Barra de la Cruz, en el estado de Oaxaca, pese a contar con medidas oficiales de protección. El crimen ha sido condenado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas asociaciones civiles.
Detalles del crimen
Según el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Castro Perea fue atacado en plena calle por dos personas que viajaban en una motocicleta. Los agresores le dispararon varias veces, causándole la muerte.
Medidas de protección insuficientes
El activista formaba parte de un colectivo integrado en un mecanismo de protección del gobierno federal para periodistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo, estas medidas no evitaron su asesinato. La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exigió a las autoridades garantizar la seguridad de los demás integrantes del colectivo y llevar a cabo una investigación pronta y efectiva.
Lucha ambientalista
Cristino Castro Perea era miembro del grupo Defensores Ambientalistas de Barra de la Cruz y desde 2013 se había opuesto activamente a un proyecto hotelero de 24 hectáreas en una playa de la costa de Oaxaca. Gracias a las protestas de las comunidades locales, el gobierno federal declaró la zona como área de preservación natural en 2023, lo que impide la construcción de cualquier emprendimiento turístico.
Contexto de violencia
México es uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Según la organización Global Witness, en 2023 fueron asesinados 18 activistas ambientales en el país, la mayoría de estos crímenes permanecen impunes.
El asesinato de Cristino Castro Perea es un recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes defienden el medio ambiente y los derechos humanos en México. La comunidad internacional y las organizaciones civiles exigen justicia y medidas concretas para proteger a los activistas y garantizar que estos crímenes no queden sin castigo.
