Vinculan a proceso a ex gobernador de Colima Ignacio Peralta
Un juez de Colima vinculó a proceso al ex gobernador Ignacio Peralta y a su ex secretario de Finanzas, Carlos Noriega, por presuntos delitos de peculado y uso indebido de atribuciones relacionados con desvíos de recursos y obras públicas.
Manzanillo, Colima, 7 de mayo de 2026. El ex gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, y su ex secretario de Finanzas, Carlos Noriega García, fueron vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones.
La resolución fue emitida por un juez penal de Colima, quien determinó que existen elementos suficientes para sujetar a proceso a ambos ex funcionarios. El juez ordenó que continúen el proceso en libertad y fijó un plazo de hasta cinco meses para la investigación complementaria.
Tras la audiencia, Ignacio Peralta señaló que la decisión judicial era una situación prevista y afirmó que presentará pruebas para acreditar que actuó conforme a la ley durante su administración estatal entre 2016 y 2021.
Por su parte, Carlos Noriega García evitó emitir declaraciones a medios de comunicación al salir del juzgado.
Noriega García actualmente se encuentra inhabilitado por cinco años para ocupar cargos públicos estatales debido a acusaciones relacionadas con el presunto desvío de 70 millones de pesos del Instituto Estatal de Pensiones.
Las investigaciones derivan de diversas denuncias presentadas por el gobierno estatal encabezado por Indira Vizcaíno Silva, tras auditorías realizadas a la administración anterior.
Entre las imputaciones destacan presuntos desvíos cercanos a 100 millones de pesos destinados a la construcción del Centro de Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia del Estado (C5i) y a la remodelación del Palacio de Gobierno.
De acuerdo con las auditorías, la administración estatal contrató deuda superior a 500 millones de pesos para esas obras, aunque únicamente se encontraron indicios del uso de aproximadamente 400 millones de pesos.
Asimismo, las revisiones detectaron presuntos pagos por asesorías inexistentes durante 2018. Según las investigaciones, la administración estatal pagó 97 millones de pesos a una empresa por esos servicios, cuando el año anterior había destinado alrededor de un millón de pesos al mismo concepto.
También existe otra denuncia penal relacionada con el pago anticipado de casi mil millones de pesos a instituciones bancarias por un empréstito de corto plazo en julio de 2021, periodo en el que además se anunció la suspensión del pago de nómina a más de 5 mil trabajadores públicos.
