
Fiscalía de Michoacán ejecuta órdenes de aprehensión por caso Arantepacua
Autoridades detuvieron a dos ex funcionarios por su probable responsabilidad en homicidio, abuso de autoridad y tortura en hechos ocurridos en 2017; suman siete capturas relacionadas con el caso.
Morelia, Michoacán, 23 de abril de 2026. La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó la ejecución de dos nuevas órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos estatales por su probable participación en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, vinculados a los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en la comunidad purépecha de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.
Los detenidos fueron identificados como Jesús Agustín N, capturado en la ciudad de Morelia, y Ricardo Romeo N, arrestado en el municipio de Uruapan. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente para determinar su situación legal.
Con estas acciones, suman siete personas detenidas de un total de 16 órdenes de aprehensión obtenidas por la fiscalía estatal, derivadas de una investigación que integró datos de prueba sobre la probable participación de ex funcionarios en los hechos.
Entre las órdenes de aprehensión pendientes se encuentran las de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, y Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, quienes permanecen prófugos.
Las autoridades informaron que la audiencia continuará el jueves 23 de abril a las 10:00 horas, tras un receso, para determinar la situación jurídica de los imputados. Asimismo, se dictó prisión preventiva oficiosa en su contra.
De acuerdo con las investigaciones, el 5 de abril de 2017 habitantes de Arantepacua y estudiantes de la Normal Indígena de Cherán retenían al menos 50 vehículos en un predio de la comunidad desde semanas previas. Ante esta situación, el gobierno estatal ordenó un operativo de desalojo.
Durante dicha intervención murieron cuatro habitantes de la comunidad, se registraron al menos 30 detenciones y se documentaron presuntos actos de tortura, así como arrestos y cateos sin orden judicial.



