En México, la lucha contra los feminicidios enfrenta serias deficiencias en el sistema de justicia, revelan registros oficiales. Aunque las autoridades sostienen que el feminicidio es uno de los delitos perseguidos con mayor eficacia, se ha descubierto que muchos de estos casos no son reconocidos como tal por las autoridades ministeriales.
De cada 100 hechos delictivos denunciados, solo 11 son investigados hasta lograr la captura y enjuiciamiento de los presuntos responsables. Sin embargo, en el caso de los feminicidios, este promedio se cuadriplica, con 46 de cada 100 crímenes llevados ante tribunales, según datos oficiales.
No obstante, se revela que este aparente éxito en la persecución del feminicidio se ve empañado por la manipulación de expedientes, que permite reducir las estadísticas sobre violencia contra las mujeres. Entre 2015 y 2021, al menos uno de cada cinco feminicidios no fue reconocido por las autoridades ministeriales, sino que se registró bajo una categoría delictiva distinta o incluso como muertes accidentales.
Los registros sobre los juicios penales muestran que, aunque se establece la culpabilidad mediante sentencia condenatoria, las personas halladas culpables de feminicidio son las que más fácilmente evitan la prisión. Esto se debe a deficiencias en la investigación y prueba de estos crímenes, así como a la discrecionalidad con la que los jueces otorgan beneficios a los agresores para eludir la sanción.
Entre estos beneficios se incluyen acuerdos reparatorios, exenciones carcelarias, sustitución de sanciones y perdones supuestamente otorgados por las víctimas, incluso después de su muerte.
De los más de 7,000 asesinatos de mujeres entre 2015 y 2021 que cumplían los patrones legales para determinar un feminicidio, el Ministerio Público solo reconoció la ocurrencia de este delito en 5,725 casos.