ONU pide reforzar protección a defensores de derechos humanos en México
La relatora Mary Lawlor alertó sobre agresiones persistentes contra activistas y llamó a los tres niveles de gobierno a fortalecer su compromiso y atender causas estructurales.
Ciudad de México, 25 de abril de 2026. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, instó a los tres niveles de gobierno de México a reforzar su compromiso de colaboración con quienes se dedican a esta labor, ante la “compleja situación de seguridad” que enfrentan.
En un comunicado, la experta de la Organización de las Naciones Unidas señaló que durante los seis años de su mandato ha recibido numerosos reportes sobre agresiones graves contra personas defensoras en el país, y advirtió que persisten preocupaciones sobre la continuidad de estos ataques.
Si bien reconoció que el gobierno mexicano ha implementado algunas medidas para atender la problemática, subrayó que los defensores de derechos humanos continúan enfrentando desafíos estructurales.
Lawlor destacó el caso de Chiapas como un ejemplo de los riesgos, donde confluyen intereses del crimen organizado, autoridades públicas y empresas, generando condiciones de inseguridad para activistas.
Entre los casos mencionados se encuentran los asesinatos del sacerdote indígena tsotsil Marcelo Pérez Pérez en 2024 y del defensor Simón Pedro Pérez López en 2021. También refirió la presunta detención arbitraria de Versaín Velasco García, así como allanamientos en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y situaciones de riesgo para madres buscadoras.
La relatora enfatizó que los tres niveles de gobierno deben atender las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad y la impunidad, y fortalecer la protección a quienes defienden derechos humanos.
Asimismo, llamó a las autoridades a explorar medidas para personas detenidas arbitrariamente, garantizar la protección de quienes buscan a familiares desaparecidos y respetar los derechos de los pueblos indígenas, incluido el derecho al consentimiento libre, previo e informado conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Lawlor indicó que mantiene comunicación con el gobierno mexicano respecto a estas preocupaciones y a los casos individuales señalados.
