Sheinbaum rechaza intromisión de EE. UU. en caso Rocha
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no permitirá intromisiones de Estados Unidos en asuntos que competen exclusivamente a la justicia mexicana, luego de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante su conferencia matutina, la mandataria resumió la postura oficial con tres ejes: “verdad, justicia y defensa de la soberanía”, al referirse al caso que involucra también a otros funcionarios señalados por autoridades estadounidenses.
Sheinbaum explicó que la difusión pública de información relacionada con estas solicitudes generó un extrañamiento jurídico, ya que se trata de procedimientos que, por regla general, deben manejarse bajo reserva conforme a tratados y mecanismos internacionales.
Indicó además que dentro del expediente también se incluyó una acusación de reemplazo bajo reserva, lo que, dijo, aumenta las dudas sobre la forma en que se dio a conocer el contenido del caso por parte de autoridades de Estados Unidos.
La presidenta informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó revisar si las acusaciones presentadas cuentan con sustento legal suficiente para justificar órdenes de aprehensión o un proceso formal de extradición.
Subrayó que cualquier decisión deberá apegarse estrictamente al marco jurídico nacional y que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de valorar pruebas y determinar el curso legal correspondiente.
“No vamos a cubrir a nadie”, afirmó Sheinbaum, al señalar que si existen pruebas contundentes e irrefutables, las autoridades mexicanas deberán actuar conforme a derecho y bajo jurisdicción nacional.
Sin embargo, advirtió que si no se presentan elementos sólidos, podría interpretarse que las imputaciones tienen un trasfondo político y no estrictamente judicial.
También reiteró que su administración no aceptará presiones externas ni injerencias en decisiones internas del país.
“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México: verdad, justicia y respeto por la soberanía”, sostuvo.
La mandataria detalló que el 28 de abril la Cancillería recibió diez solicitudes de detención provisional con fines de extradición, mismas que un día después fueron turnadas a la Fiscalía General de la República.
Ese mismo 29 de abril, autoridades estadounidenses hicieron pública información relacionada con el caso, lo que abrió cuestionamientos sobre el manejo de datos reservados y el respeto a los canales diplomáticos establecidos.
